LA INDEPENDENCIA DEL ÁRBITRO ELECTORAL

Antes de dar un paso más, respiro profundo. Siento como una gota de sudor resbala por mi frente mientras trato de nuevo de poner mi mente en blanco para dar el segundo paso. Pareciera que la tabla se hace más delgada, que el suelo toma distancia y que mis pies se resbalan. Mantener el equilibrio para llegar al otro lado es una tarea que, conforme más avanzo, más difícil se vuelve. ¿Será que me cuesta trabajo avanzar por el miedo a caer, o porque me faltaron ganas de ponerme en esta situación desde un principio?

En este punto sólo hay dos opciones: 1) controlo mi cuerpo y mente para seguir adelante, o 2) me caigo y, si tengo suerte de no morir en el intento, tendré que pasar décadas recuperándome para volver enfréntalo. Lo único de lo que no hay duda, es que tarde o temprano tendré que estar del otro lado.

Algo así sería la respuesta de nuestro país si fuera una persona y hablara al respecto de cómo se siente en esta transición democrática. Ya dio los primeros pasos que tenía que dar, sin embargo, tierra firme sigue siendo un anhelo que se encuentra tan lejos o tan cerca como su voluntad y visión lo quiera ver. Pero sólo hace falta dar un paso en falso para romper los sistemas de contención y revertir rápidamente todo lo ganado.

En un entorno donde la confianza en las instituciones gubernamentales se ha roto, lo único que nos queda es construir organismos autónomos que velen por las decisiones populares antes que por los intereses cupulares. Hoy en día, el Instituto Nacional Electoral (INE) es quien juega ese papel de mediador entre los resultados electorales, los actores políticos y los ciudadanos. Pero vaya problema en el que estamos, cuando nuestro organismo electoral ciudadano es aprobado por apenas el 14% de los ciudadanos (GEA-ISA, 2017).

Como lo expuso Arturo Sánchez en un evento del Tecnológico de Monterrey, su terrible reputación se debe a una desconfianza sobre los resultados, no sobre la organización del proceso. Lo cual nos obliga a adentrarnos en la estructura del INE para comprender dónde está el origen de ese descontento; ¿quién ha tomado las decisiones sobre la forma en la que se cuentan y se comunican los resultados electorales? La respuesta: el Consejo General del INE.

Son los consejeros electorales quienes deciden cómo se contarán los votos, y recientemente, también son quienes tienen la última palabra para imponer multas por fiscalización a candidatos y partidos políticos. Si bien no son la autoridad competente para señalar si una elección se debe de anular, sí son competentes para estudiar si esta debe de ser anulada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La relevancia del Consejo General del INE dentro de los procesos electorales, por lo tanto, es mayúscula, y se vuelve indispensable conocer a detalle cómo ha actuado cada consejero electoral.

Estudiamos 7 resoluciones del INE sobre los procesos electorales de Coahuila y Estado de México en 2017. De las 7 resoluciones, 5 cumplían con criterios mínimos para ser analizadas (que fueran relevantes para el proceso y que al menos 2 de los 11 consejeros hubieran votado de forma distinta al resto). El análisis completo, así como la metodología, se pueden revisar en:

La gráfica expone la posición de los consejeros ante las resoluciones a analizar, a partir de dos variables: en el eje horizontal se señala qué tan sólidos fueron sus argumentos (siendo 1 muy sólidos y -1 nada sólidos) y en el vertical qué tan favorecedores o desfavorecedores fueron hacia el partido gobernante, en este caso, el PRI (siendo 1 muy favorecedores y -1 muy desfavorecedores).

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Lo que encontramos es la formación de grupos, tanto en la solidez de sus argumentos como en su alineación hacia el partido gobernante. El grupo con los argumentos más sólidos estuvo conformado por 7 consejeros: Pamela San Martín, Beatriz Zavala, Benito Nasif, Ciro Murayama, Dania Ravel, Enrique Andrade y José Ruiz. En el centro, el grupo con argumentos medianamente sólidos y sustantivos se conformó por Lorenzo Córdova, Marco Baños y Jaime Rivera. El caso más particular fue el de la Consejera Favela, quien tuvo una posición cercana al cero debido a que su único argumento no fue sustantivo.

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Sobre su posición respecto  a los intereses del partido gobernante, también se identificaron tres grupos: uno muy desfavorecedor conformado por Pamela San Martín, José Ruíz y Benito Nacif; otro que se podría considerar neutral, conformado por Lorenzo Córdova, Jaime Rivera, Beatriz Zavala y Ciro Murayama; y uno más que tendió deliberadamente a apoyar el actuar del PRI en los casos en que estuvo sujeta a análisis: Adriana Favela, Enrique Andrade, Dania Ravel y Marco Baños. En este último grupo, resaltaron las participaciones de Favela y Andrade: en el caso de Favela, porque el único argumento que presentó careció de rigor, coherencia y contenido; en el caso de Andrade, porque fue el único consejero que avaló el actuar del PRI en todos los escenarios analizados.

Los resultados también señalaron que, de los 11 consejeros, los dos más participativos se encontraron en el grupo antagonista a las acciones del partido gobernante (con 10 participaciones cada uno), y la totalidad de este grupo se ubicó en el espectro de argumentos sustantivos, teniendo la calificación grupal más alta en la estructura y fundamentación de sus argumentos (.86 de 100). El grupo con el promedio de calificación más bajo fue el favorecedor a las acciones del PRI (.22), mientras que el grupo neutral obtuvo una calificación promedio de .68. Esto se puede interpretar por parte de los consejeros favorecedores a las acciones del partido gobernante como una situación de comodidad, donde no es necesario justificar a profundidad sus argumentos. Por parte de los neutrales, se puede hablar de una situación no apremiada, donde la vale la pena justificar, pero no es necesario argumentar a fondo para esgrimir un análisis combativo. Finalmente, fue el grupo antagonista a los intereses del partido gobernante el que tuvo que hacer un esfuerzo mayúsculo por tratar de mover el comportamiento del Consejo a su favor.

Si bien el Consejo General del INE presentó en algunos de sus integrantes una tendencia favorecedora al partido en el gobierno, no se puede considerar al Consejo como cooptado por dicha organización política, ya que hay una mayoría dentro del Consejo que no tiene una evidente tendencia a favorecer al PRI de forma incondicional o injustificada. Sin embargo, dentro de los grupos neutrales y favorecedores lo que sí se encontró fue un frecuente deslindamiento de responsabilidades hacia los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), ante lo cual se perfila como indispensable impulsar un marco legal con responsabilidades claras adjudicadas al INE y a los OPLES, que no deje espacio para que evadan la decisión de pronunciarse a favor de revisiones en los procesos electorales, así como la responsabilidad de emitir declaraciones de irregularidad en los escenarios analizados.

No es menor el reto que enfrenta el INE en materia de comunicación, siendo que está permitiendo que su imagen se deteriore con cada elección que pasa, al no explicar claramente cuáles son sus atribuciones. De no tomar acción rápida y certera, el organismo no sólo pone en riesgo su integridad, sino también el desarrollo de la democracia mexicana, que necesita el apoyo de las élites políticas, de las instituciones y de la ciudadanía para seguir adelante.

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